El concejal de Contratación del Ayuntamiento de Aspe, José Vicente Pérez, asegura que la querella presentada por el Partido Popular contra la recuperación del servicio de recogida de basuras y la subrogación de los trabajadores es una maniobra política con el fin de conseguir un puñado de votos y de intentar engañar a la población. El edil de Esquerra Unida asegura que el proceso se ha realizado de manera legal a todas luces y que está amparado por varias sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de la Unión Europea.
Pérez recuerda que “en diciembre de 2013, el gobierno actual de PSOE-EU, con el voto en contra de PP, aprobó que volviese a gestionarse públicamente el servicio de recogida de basura y los técnicos municipales hicieron informes negativos respecto a la subrogación de los trabajadores que venían prestando el servicio. Hasta aquí lo que ha contado el PP y ha apoyado algún dirigente socialista provincial que, en su momento, apoyó la municipalización con su voto y nunca dijo que le parecía mal, entre otras cosas porque no aparecía en las reuniones del equipo de gobierno”. A partir de ese momento, según señala el concejal de Contratación “se pidió un informe externo a un abogado especialista en temas laborales y, con dicho informe, se ratificó el acuerdo de rescate del servicio con todos los trabajadores fijos adscritos a esta contrata por la empresa (algunos con más de 10 años de antigüedad). En dicho informe se incluyen varias sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal de la Unión Europea que son contundentes: cuando se asume un servicio se deben asumir tanto los bienes materiales (en este caso, camiones, contenedores y demás elementos), como el personal, es lo que se llama «sucesión de empresa». Es decir, seguir prestando el mismo servicio con iguales elementos y personal”. Fue por ello, continúa José Vicente Pérez, “por lo que se optó por continuar con el proceso de rescate del servicio. Lo que vino después es un contencioso-administrativo interpuesto por el PP contra el acuerdo de asunción de los trabajadores (pedían que se les despidiese o se los quedase la empresa)”.
Pero según el edil “se les olvida decir que, en 2010, el PP rescató, tras más de tres meses cerradas las instalaciones, los servicios deportivos y a todos los trabajadores de la empresa incumplidora del contrato. Esta propuesta contó con el voto favorable de todos los partidos del Ayuntamiento, incluido EU. Por esto, la falta de coherencia del PP es doble: hacen público un servicio (por obligación, ellos no querían, pero una manifestación con más de 1.000 personas les forzó al rescate) con los más de una veintena de empleados (que continúan prestando el servicio), el equipo de gobierno EU-PSOE rescata con todos sus trabajadores los servicios de mantenimiento de parques y jardines, limpieza de edificios públicos, escuelas deportivas y cursos de deportes, logrando un ahorro superior a 1,5 millones de euros, el PP vota en contra porque no cree en la municipalización de servicios públicos pero nada dice sobre los 35 trabajadores que se subrogan y, ahora, se opone a que los empleados que hace un año y medio vienen prestando de manera impecable el servicio de recogida de basura, que eran fijos de la empresa con antigüedades superiores a 4 años, puedan seguir prestando su buen hacer”.
Ante todo esto, el edil de EU considera que esta querella “que han ido preparando jugando con los tiempos para presentarla cerca de las elecciones, es sólo una maniobra electoralista, sin contenido jurídico de peso pero que, en todo caso, debe ser la autoridad judicial quien decida, si valen más las opiniones de los informes negativos de los técnicos municipales basadas en normativa administrativa o las numerosas sentencias de los tribunales Supremo y de la Unión Europea basadas, principalmente, en la normativa laboral”.
