Según ha informado la Agencia EFE, la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante juzgará esta semana a un funcionario del ayuntamiento de Aspe acusado de sustraer de las arcas municipales cerca de 23.000€, pagados por empresarios y vecinos en concepto de licencias.
El juicio por estos hechos iba a celebrarse en el mes de junio, pero en su momento se retrasó al renunciar el acusado a su abogado de oficio. La fiscalía solicitaba inicialmente una pena de seis años de cárcel, además de una multa de 6.480€ y otra pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante cinco años y medio.
El funcionario se encargaba de tramitar las licencias urbanísticas municipales por obra mayor y actividades. También realizaba las liquidaciones por el pago de tasas e impuestos, al menos hasta que fue apartado por el presunto fraude, desempeñando ahora labores de bedel. Según la fiscalía, entre 2007 y 2009 se aprovechó de la “situación y credibilidad que le daba su condición” para elaborar decretos y acuerdos falsos de junta de gobierno, haciéndose con diversas cantidades por licencias de obra y actividad.
El funcionario está acusado de delitos continuados de falsedad en documento público y estafa. Para cometer los desfalcos que se le atribuyen, estampó presuntamente de forma ilegal la firma del secretario municipal y del teniente de alcalde de Aspe, elaborando también resoluciones falsas de comisiones municipales, juntas de gobierno o decretos.
Entre otros testigos comparecerán los perjudicados, la ex alcaldesa de Aspe, Nieves Martínez, el que fuera secretario de la corporación en ese periodo, y el ex teniente de alcalde y ex edil de Urbanismo Teógenes Barrios, además de funcionarios municipales.
Las irregularidades se destaparon al quedarse con 20.049€ de un empresario como pago de una licencia para construir una nave industrial, según la fiscalía. Este contribuyente fue quien destapó las supuestas irregularidades cuando el ayuntamiento le informó de que la licencia que había solicitado había prescrito por no pagar la tasa. Previamente, en 2008, el funcionario habría elaborado supuestamente un decreto municipal falso con la firma del secretario del consistorio para ingresar en su patrimonio 1.089€ por la prórroga del inicio de unas obras en el polígono industrial de la localidad. Además, las autoridades municipales descubrieron que había medio centenar de expedientes en una situación similar. Entre ellos se habría apropiado, según el Ministerio Público, de 482€ por la licencia para un almacén agrícola y 1.350€ para las obras de un restaurante de comida china.
El juicio en la Audiencia Provincial se celebrará el miércoles 28 y jueves 29 de octubre.
