El Equipo Roca de la Guardia Civil de Ibi investiga a dos personas, un matrimonio, por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores en una explotación agrícola de Monforte del Cid. Los dos trabajadores manifestaron a los agentes las pésimas condiciones de trabajo en las que se encontraban. Los propietarios de la explotación agrícola han quedado a disposición judicial en calidad de investigados, por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.
El Equipo Roca de la Guardia Civil, como encargado de la vigilancia de las explotaciones agrícolas y ganaderas, mantiene entrevistas y contactos habituales y continuos, tanto con los propietarios de dichas explotaciones, como con los trabajadores de éstas. De esta forma, ha podido conocer la existencia de un viñedo ubicado en el término municipal de Monforte del Cid, cuyos propietarios podrían estar explotando laboralmente a sus trabajadores. Tras diversas jornadas de vigilancia en dicha explotación, se pudo constatar como una furgoneta conducida por un hombre, traslada a otros dos hombres de origen árabe, quienes descienden de la misma y comienzan a realizar labores de mantenimiento de los viñedos, marchándose la furgoneta del lugar.
Los agentes procedieron a la identificación de estos dos trabajadores, comprobando posteriormente con la oficina de la Seguridad Social, que ambos se encontraban sin contrato, y no estaban dados de alta laboral, es decir, en situación irregular. Además de este hecho, los trabajadores informan a los agentes de las jornadas de 12 horas de trabajo a pleno sol y en ocasiones sin comida, de que sólo tienen acceso a una garrafa de 5 litros de agua para ambos, del maltrato verbal por parte de sus jefes, de las amenazas que reciben y de las coacciones a las que son sometidos y de un impago de más de 5000 euros, todo ello transcurriendo desde el año 2015. Por todo esto, se identifica a los propietarios de la explotación agrícola, resultando ser un matrimonio formado por un español de 56 años y una mujer hondureña de 44 años, los cuales quedan a disposición judicial en calidad de investigados por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.
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