Los portavoces y alcaldes populares en la comarca del Medio Vinalopó han dado a conocer hoy el escrito conjunto de alegación a la totalidad del decreto lingüístico del Consell. Tras conocer la publicación del decreto el pasado día 21 de noviembre, y pese a contar con tan sólo 7 días para presentar alegaciones al mismo, coincidieron en la necesidad de presentar una alegación conjunta reclamando la retirada del actual proyecto de Decreto por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano. El escrito, dirigido al conseller de Educación, Vicent Marzà, así como al Director General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, establece tres conclusiones por las que los populares exigen al Consell la retirada del decreto: una clara vulneración de los derechos de los padres y madres de nuestros municipios a la hora de elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos; segundo, una discriminación hacia los alumnos en función del nivel de competencia que elijan; tercero, una imposición del valenciano a toda la comunidad educativa, la administración autonómica y local sin tener en cuenta las particularidades y realidad de nuestros municipios.
En este sentido, los portavoces y alcaldes populares argumentan que “ya existe la posibilidad de que todo alumno estudie en castellano, valenciano e inglés”, y si bien en el caso de la comarca del Medio Vinalopó, ciudades como Elda, Aspe, Monforte del Cid y Salinas disponen de la exención de enseñanza en valenciano, toda aquella familia que quiere y escoge libremente que sus hijos aprendan la lengua valenciana, pueden hacerlo en plenitud de condiciones y garantías. Sin embargo, de aprobarse el decreto aquellas familias que con total libertad quieran para sus hijos más inglés, necesariamente tendrán que tener más valenciano. Si bien, cuanto más horas de formación en castellano deseen menos inglés tendrán.
El chantaje lingüístico se consuma, para los populares, de forma que los terminen el Bachillerato con un nivel Avanzado, es decir, inglés y valenciano, significativamente, obtendrán la acreditación del B1 de inglés y el C1 de valenciano sin tener que someterse a un examen interno. Cosa que no ocurrirá con aquellos alumnos, que bien por elección o bien porque su municipio o zona es castellanohablante, hayan escogido el nivel básico. “Constituye una macabra y consciente utilización de una lengua, como el inglés, para lograr objetivos ideológicos y de predominio lingüístico del valenciano allá donde no lo sea.” “Supone jugar -añaden- con la necesidad de los padres de enseñar inglés a sus hijos, y con el legítimo derecho de éstos, a que sus hijos acaben su formación con una certificación adecuada en inglés, tan necesaria para tener oportunidades”. En definitiva, “se usa la legislación educativa como arma ideológica y pincel social para que un gobierno dibuje mediante la ideología la sociedad que anhela. En lugar de articular normas que respeten la diversidad lingüística y promuevan y respeten la libertad de las personas” , afirman literalmente en el escrito dirigido al Consell.
En último término, los populares señalan que el artículo 4.1 del proyecto, que afirma “En la Administración educativa de la Comunidad Valenciana se utilizará, de manera general, el valenciano. También se utilizará el valenciano en las relaciones de esta con el resto de la Administración autonómica y con la Administración local, y en las relaciones con las entidades públicas y privadas de la Comunidad Valenciana” supone de facto imponer el valenciano ya no solo en la formación de los alumnos, sino en todo el ámbito escolar y la administración educativa, volviendo a vulnerar la identidad de numerosas localidades castellanohablantes. “Cuatro ciudades de la comarca no hablan valenciano, mientras que en el resto existen líneas educativas en valenciano y en castellano. Una convivencia fructífera, positiva y real que ahora se va a ver perturbada con este decreto sectario e impositivo del Consell”, ha afirmado el coordinador comarcal Lorenzo Lorenzo. Por su parte, el vicesecretario general provincial y diputado autonómico, Juan de Dios Navarro, ha reclamado “a los alcaldes del PSPV de la comarca que se pongan del lado del PP, que es lo mismo que defender a sus vecinos, en vez de esconderse detrás de Ximo Puig y Marzà”. Especialmente, “el alcalde de Elda y presidente de la FVMP debe dar la cara y defender a sus vecinos y a todos los valencianos frente a Ximo Puig y Marzà” ha concluido Navarro. Navarro, además, ha destacado “la ausencia de diálogo con familias, ampas y centros así como nula voluntad de entendimiento, al solo dar siete días para el estudio y alegación al decreto”.
Asimismo, los portavoces de Elda y Aspe, Fran Muñoz y Juan Antonio Pérez Sala, han indicado que “estamos a favor de la libertad de las familias y de todo aquel que quiera hablar valenciano, pero este decreto atenta contra la libertad y especialmente contra la identidad de nuestras ciudades”. El acto donde se ha dado a conocer el contenido de la alegación conjunta de los populares del Medio Vinalopó ha contado con la asistencia y apoyo de todos los representantes de la comarca en la Diputación de Alicante, Les Corts y el Senado, como Pascual Díaz, Reme Yañez y Adela Pedrosa, respectivamente., así como de todos los portavoces y alcaldes populares en la comarca.
