Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Monforte del Cid han recurrido la sentencia que requería a pagar a la mercantil Intersa Levante la suma de 7 millones de euros más intereses y costas. Según el equipo de gobierno actual, esa sentencia “provenía de la desastrosa gestión que se hizo por parte de la anterior corporación del Polígono de Walaig y su feroz enfrentamiento con la entidad pública de suelo (SEPES), que llevó a adjudicar a la empresa demandante el desarrollo de dicho polígono”.
Tras tres sentencias en contra, anulando la adjudicación y el Plan Parcial, Intersa perdió la condición de urbanizador y por esa cuestión demandó al ayuntamiento en 2012 por unas supuestas pérdidas que les había ocasionado la ejecución de las obras y su pérdida de la condición de urbanizador. A finales de 2016 se dictó sentencia a favor de la mercantil, aunque los servicios jurídicos del ayuntamiento, coordinados por el Secretario de la Corporación, así como con cooperación externa, “han armado una sólida defensa de los intereses de los monfortinos basándose en algunos principios evidentes”. Fuentes municipales postulan que “es incierto que Intersa, actualmente en situación concursal en fase de liquidación, no haya cobrado todos las cargas de urbanización, pues como se ha podido constatar por los servicios jurídicos, cobró anticipadamente de los propietarios, mediante la adjudicación de parcelas, así como en metálico los casi 18 millones de euros a los que ascendía la totalidad de esas cargas, por lo que si tan solo había ejecutado 4,5 millones de euros, siendo el resto hasta los 7 millones que reclama, gastos de proyectos y beneficio del urbanizador, por lo que todavía tiene un saldo favorable de más de 10 millones de euros”.
Esta situación se torna más grave para el actual consistorio monfortino, “al haber entrado en concurso de acreedores, y que imposibilita la devolución de esas fincas a sus propietarios originarios sin que se haya previsto en la liquidación de la referida mercantil mecanismo para compensar a los propietarios por la diferencia entre las cargas de urbanización y el valor de las parcelas recibidas”. Por lo tanto, el ayuntamiento considera que “no sólo no debe cobrar esos 7 millones, sino que Intersa ha cobrado mucho más en unos terrenos que después gravó con una hipoteca de máximos otorgada por más de 10 entidades financieras, lo que hizo imposible restituir las fincas a sus propietarios”.
Tras el detenido análisis de la abundante y compleja documentación, “en un tiempo récord, se detectó por los servicios jurídicos municipales la existencia de un escrito por parte de Intersa por el que, reconociendo que efectivamente había cobrado de más a los propietarios, renunciaba al grueso de su reclamación esto a 6 millones de los 7 millones reclamados por lo que no se comprende la razón por la que se le condena al Ayuntamiento al pago de una cantidad a la que renunció”. La defensa de este asunto fue encomendada por el anterior equipo de gobierno a un reconocido abogado de Madrid, que ha sido sustituido por el actual Consistorio al detectar que “su defensa ha sido muy deficiente”. Por todo ello, los portavoces del tripartito monfortino en el gobierno coinciden en que “tenemos posibilidades de ganar el recurso, total o parcialmente, dado que hemos detectado todas las incongruencias e irregularidades que se han cometido durante el proceso judicial y administrativo. Confiamos en que todo salga bien y levantemos otra de las losas que pesan sobre las arcas municipales, no se puede hacer responsable a un pueblo como Monforte de las irresponsabilidades del anterior gobierno municipal”.
