El sindicato SITAP ha hecho público un manifiesto, “firmado por 29 de los 33 funcionarios de carrera que componen la plantilla”, sobre el conflicto existente entre agentes y oficiales de la Policía Local de Aspe y el Ayuntamiento. En este manifiesto indican que “como trabajadores públicos que velan por la seguridad de los ciudadanos de Aspe, no aceptamos declaraciones de determinados responsables políticos, que pretenden disociar la prestación de servicio con las reivindicaciones laborales”, en referencia a las declaraciones del concejal de Seguridad, Chema García Payá, realizadas en Radio Aspe, en las que aseguraba que algunos policías protestaba y otros “estaban al pie del cañón”.
También quieren dejar claro que no tienen ningún tipo de vinculación política. “Como profesionales, no actuamos bajo la manipulación ni la ideología de ningún partido político”. En cuanto a sus reivindicaciones, aseguran que no piden más dinero “a pesar de los continuos y malintencionados reproches que en este sentido realizan determinados concejales del equipo de gobierno”. Lo que buscan con sus reivindicaciones, según este manifiesto, es “tener un calendario laboral, donde se conjuguen las necesidades del municipio con los derechos que nos corresponden, al igual que al resto de trabajadores. Pedimos la negociación colectiva y no la imposición”. Para el sindicato “el cuadrante se utiliza solo como herramienta para cubrir imposiciones de la jefatura, la cual dispone de nuestro tiempo libre, mediante modificaciones continuas, sin compensación a cambio, con el beneplácito y la justificación de los concejales de Personal y Seguridad, aunque ello suponga aberraciones como doblajes de turno, y acumulación de varias jornadas seguidas de trabajo”.
También se refieren en este manifiesto a los expedientes abiertos a los integrantes de la Policía local. “En solo unos meses se han propuesto por la jefatura más de 20 expedientes disciplinarios. En comparación a los últimos 30 años, cuando no llegaron ni a 5”. Todo ello lleva, según el manifiesto a ejercer “una coacción constante desde la jefatura hacia los Agentes y Oficiales, a través del intendente y los dos inspectores actuales, para mantener un clima basado en la opresión, con el riesgo psicosocial que ello implica”.
