La auditoría realizada por el Ayuntamiento de Novelda sobre el contrato de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, cuya concesión ostenta Aqualia desde 1998, considera que las tarifas actuales están sobreincrementadas en un 35 por ciento y que existe un saldo favorable al consistorio de unos 650 mil euros por inversiones no ejecutadas por parte de la concesionaria responsable de la gestión de las infraestructuras hidráulicas municipales para el abastecimiento y distribución de agua, así como de la recogida y evacuación de aguas residuales.
El concejal de Contratación, Ricardo Moreno, ha calificado de “sorprendentes” y “muy llamativas” las conclusiones de la auditoría que su departamento encargó meses atrás a una empresa externa con el fin de “defender los intereses de los ciudadanos” tras la exigencia por parte de la concesionaria de incrementar las tarifas para, argumentaba, recuperar el equilibrio económico y las pérdidas en la concesión, por lo que presentó una demanda judicial contra el Ayuntamiento por importe de casi 800.000 euros. Y es que, según Moreno, la “responsabilidad de vigilar y controlar los servicios sigue siendo de este Ayuntamiento, aunque estén externalizados en cualquier empresa”
El resultado de esta inspección sobre la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, que también afirma que el Ayuntamiento y la concesionaria han estado “aplicando e interpretando mal” el pliego de condiciones por el que se realizó la adjudicación hace más de 20 años, ha sido abordado en la segunda reunión mantenida por la Comisión de Seguimiento de esta contrata, que se constituyó el pasado mes de enero a instancias de la concejalía de Contratación a pesar de que debía haberse creado cuando se adjudicó el servicio en 1998 para supervisar el correcto desarrollo y cumplimiento del mismo. Asimismo la comisión también estudia y evalúa una revisión de precios unitarios y materiales, que es lo que cobra la concesionaria a los usuarios por derechos de enganche, acometidas y demás y que, en palabras de del concejal “a pesar de ser unos precios aprobados por el Ayuntamiento en el año 2007, hace más de 10 años, nos siguen pareciendo bastante altos según los precios de mercado, por lo que pretendemos que esos precios sean más ajustados y razonables”.
Las conclusiones de la auditoría que, además de la mala aplicación del pliego de condiciones original e inversiones pendientes por parte de Aqualia por importe de 650.000 cuya ejecución, según Ricardo Moreno, “es ahora difícil de reclamar” por el tiempo transcurrido, vienen a indicar que las tarifas de agua potable y alcantarillado deberían rebajarse en un 35% se han conocido mientras el Ayuntamiento de Novelda sigue a la espera del resultado del recurso presentado contra la sentencia que el pasado mayo daba la razón a Aqualia en su reclamación al consistorio noveldense de cuatro millones de euros más intereses que la concesionaria abonó al Ayuntamiento en 2009 cuando el gobierno de entonces, integrado por Partido Socialista, Compromís y Verds-EU, prorrogó, cuatro años antes de su finalización, la concesión del servicio, cantidad que el Ayuntamiento tendría que devolver a través del incremento de las tarifas a los usuarios cuantificado en torno al 20 por ciento.
En este caso la sentencia considera que la negociación de la prórroga llevó aparejada la modificación de los términos del contrato inicial por lo que el montante abonado por la empresa no lo fue en concepto de canon sino de préstamo, con sus correspondientes intereses, que el Ayuntamiento tendría que devolver a través del incremento de tarifas a los ciudadanos. La Comisión de Seguimiento también ha estudiado las alegaciones presentadas por la concesionaria al resultado de la auditoría, en las que mantiene la corrección de las tarifas y argumenta además que cada subida que se ha aplicado en las mismas durante los últimos veinte años ha contado con la aprobación y ratificación por parte del Ayuntamiento.
Ante esta situación el consistorio noveldense ha optado por no modificar de momento las tarifas del servicio de agua potable y alcantarillado y solicitar los informes técnicos necesarios que, como comentaba el concejal de Contratación, “aclaren si la auditoría tiene razón y, en caso afirmativo, qué propuesta debería aplicarse. Todo ello mientras esperamos una sentencia que determine si el canon de cuatro millones que el Ayuntamiento recibió en 2009 debe devolverse subiendo las tarifas a los ciudadanos”. La complejidad del asunto ha llevado a Moreno a afirmar que el equipo de gobierno “ha cumplido con su obligación y compromiso” realizando una auditoría del contrato para “vigilar y ser responsables con un servicio fundamental que está externalizado, y hemos creado y convocado una comisión de seguimiento que, de haberse creado y puesto en funcionamiento cuando correspondía, hace más de 20 años, quizá habría evitado esta situación”. Asimismo ha reprochado a los anteriores gestores municipales el haber pasado de “puntillas” sobre este asunto para “no crearse enemigos” en vez de “defender el interés público de forma responsable”
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