El pleno de la Corporación Municipal de Petrer ha aprobado una ordenanza municipal que tiene como finalidad promover la erradicación de la prostitución y otras formas de explotación sexual en el municipio. “Nuestro objetivo con esta ordenanza, que es pionera en la provincia de Alicante, es proteger los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional”, ha indicado la concejala de Igualdad y Servicios Sociales, Ana Tortosa.
Y es que el Ayuntamiento de Petrer lleva un largo recorrido de trabajo sobre esta materia. De hecho, en marzo de este mismo año, celebró unas jornadas, en el marco del 8M, Día Internacional de las Mujeres, contra la prostitución y la trata de mujeres y niñas, en las que participaron ponentes expertas en la materia. “Trabajamos con el foco puesto en que la prostitución es una forma más de violencia contra las mujeres, de ahí que las sanciones que establece la ordenanza se dirigen siempre hacia el hombre que solicita estos servicios”, ha subrayado Nuria Molina, agente de Igualdad del Ayuntamiento.
La ordenanza articula una serie de medidas encaminadas a la defensa y protección de las mujeres en situación de prostitución desde un punto de vista jurídico, psicológico y social, y a garantizar la convivencia en el espacio público en condiciones de igualdad donde toda la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos. También identifica las conductas susceptibles de infracción administrativa y establece las sanciones correspondientes que, en el caso de ser muy graves, pueden ascender a 3.000 euros.
El ámbito de aplicación comprende el término espacios, construcciones y elementos como las vías públicas de toda índole situadas en el término municipal, así como el mobiliario urbano en su totalidad; los edificios públicos, centros educativos y culturales, piscinas, zonas deportivas y cualesquiera otras construcciones municipales de análoga
naturaleza que sean destinadas a un uso o a un servicio público; pero también los vehículos que se encuentren estacionados en las instalaciones de cualquier espacio público municipal, así como en la vía pública, entre otros.
La ordenanza establece tres niveles de infracción que conllevará aparejadas sanciones: infracciones leves por colocar, repartir, divulgar y/o difundir publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo y/o mercado de la prostitución, así como el turismo sexual, cuando se utilice el espacio público o los elementos que lo integran y que constituyen el ámbito objetivo de aplicación de ésta. Con multa de 500 a 750 euros.
Infracciones graves que se considerarán aquellas en las que se solicite, negocie o acepte directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos.
A estos efectos, se considera solicitud o aceptación, la proposición para disfrute propio o para un tercero de la realización de cualquier actividad de carácter sexual a cambio de un pago en dinero o en especie; la realización de cualquier actividad de carácter sexual en el espacio público a cambio de retribución; así como colaborar con los demandantes de servicios sexuales con acciones como facilitar, vigilar y alertar sobre la presencia de los/las agentes de la autoridad. En estos casos las sanciones oscilan entre 750 y 1.500 euros.
Y las muy graves son aquellas cuando la prostitución se ejerce en espacios situados a menos de doscientos metros de distancia de centros docentes o educativos u otros lugares con afluencia de público infantil; en lugares situados a menos de doscientos metros de espacios destinados a la celebración de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica y/o deportiva, con afluencia de público; o en puntos que impliquen una mayor vulnerabilidad para las personas en situación de prostitución por su aislamiento, escasez de alumbrado, cercanía a las vías de circulación de vehículos y espacios que impidan o dificulten la huida. Para los casos tipificados como muy graves las sanciones oscilarán entre 1.500 y 3.000 euros.
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