La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo ha participado en la clausura de las jornadas informativas sobre las oficinas de orientación legal Justiprop y Mediaprop con las que cuenta Aspe.
La consellera ha explicado que el proyecto de Justicia Próxima ,ofrece asesoramiento judicial en las oficinas Justiprop e información sobre la mediación en las de Mediaprop. “Este proyecto nace para garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio. Queremos acercar la justicia a la ciudadanía y para ello el papel de los Ayuntamientos es fundamental» ha destacado la consellera.
El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha realzado las facilidades que estas oficinas de orientación local aportan a la localidad “que la justicia se lleve a los pueblos y que lo hagamos de una forma más cómoda, más de mediar y de hablar que de enfrentarnos” la recalcado el primer edil.
Bravo, ha anunciado también que se van a poner en marcha durante los meses de noviembre y diciembre cuatro nuevas oficinas Justiprop en Monóvar, Castalla, Altea y San Joan que se sumarán a las 44 que ya tiene en la Comunitat Valenciana.
La consellera ha destacado que actualmente más de 600.000 alicantinas y alicantinos cuentan con servicios de justicia de proximidad, a través de las 16 oficinas Justiprop y 22 servicios Mediaprop ubicados en los distintos municipios de la provincia de Alicante.
Bravo ha subrayado que “es fundamental garantizar el acceso a la Justicia como primer derecho, de ahí la importancia de los espacios abiertos en las oficinas municipales como servicios de orientación jurídica que faciliten a la ciudadanía toda la información sobre los recursos existentes para ayudarle a resolver sus problemas”.
Según ha explicado la consellera, para el ejercicio 2023 «mantendremos la dotación presupuestaria destinada al servicio de Justiprop, con 1,2 millones de euros” y ha añadido que «se aumenta la partida en un 58,70% la línea destinada a la concesión de ayudas a los ayuntamientos y mancomunidades que quieran ofrecer los servicios Mediaprop llegando a los 1,7 millones de euros”.
Al respecto, en palabras de Gabriela Bravo “la Administración de Justicia del siglo XXI no puede entenderse sin la Mediación, por la que la Generalitat está apostando de manera decisiva ya que este método alternativo de resolución de controversias es más rápido y económico que los procedimientos judiciales”.
