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El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Aspe, Daniel Puerto, ha informado del aumento de expedientes sancionadores por la instalación de viviendas prefabricadas y caravanas en parcelas de suelo rústico que no cumplen los requisitos legales.
La Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana establece una hectárea como el terreno mínimo para la construcción, y considera vivienda cualquier elemento fijo que ocupe la parcela, incluyendo las caravanas o una casa prefabricada.
En el primer semestre de 2024, se han abierto 30 expedientes sancionadores. “Cualquier tipo de vivienda que permanece en el terreno, se considera fija, aunque no tenga cimientos o disponga de ruedas. Desde el Ayuntamiento, no existe ningún afán recaudador, pero debe hacer cumplir la Ley”, ha explicado Puerto. “Algunas situaciones parten del desconocimiento de la población o información no pertinente, pero en ningún caso eximen del cumplimiento de la Ley”, ha matizado el edil.
Desde el consistorio aspense se pide a quienes tienen en mente hacerse con algún tipo de estas propiedades, se informen antes para evitar las sanciones, y lo que es peor, la incapacidad de instalación de este tipo de viviendas.
