#Villena rechaza recibir basura de la Vega Baja durante ocho años

El Pleno se opone al envío de 48.600 toneladas anuales a la planta local y alerta del impacto en su vida útil

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El Pleno del Ayuntamiento de Villena ha rechazado el convenio propuesto por el Consorcio CREA para el traslado de residuos desde la Vega Baja hasta la planta de tratamiento ubicada en la ciudad. La decisión ha salido adelante con los votos favorables de PSPV-PSOE y Verdes de Europa, mientras que PP y VOX se han abstenido.

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La propuesta planteaba el envío de hasta 48.600 toneladas anuales de residuos durante ocho años, lo que supondría un incremento de cerca del 65% en la carga actual de la planta gestionada por VAERSA.

El concejal de RSU y Limpieza, Sergio Palao, ha defendido la postura municipal subrayando que “no se trata de recibir más dinero, sino menos basura en Villena”, alineándose, según ha indicado, con el sentir mayoritario de la ciudadanía.

Impacto en la planta y rechazo al modelo
Desde el equipo de gobierno se advierte de que este incremento podría reducir de forma drástica la vida útil de la instalación, recientemente modernizada con una inversión de 14 millones de euros.

Palao ha criticado que la mejora de la planta tenía como objetivo reducir el rechazo y abaratar costes, y no asumir residuos de otros territorios. En este sentido, ha afirmado que “se nos está pidiendo hacer el trabajo que otros no quieren asumir”.

Además, el edil ha insistido en que la solidaridad entre territorios tiene límites, señalando que si la planta “no es solo de Villena”, tampoco debería serlo la carga de residuos externos sin planificación equilibrada.

Un convenio con contradicciones
El Ayuntamiento también ha cuestionado la redacción del convenio, que presenta incoherencias en las cifras. Mientras en algunos apartados se fija un máximo de 46.800 toneladas, en otros se habla de 39.000 como mínimo, además de contemplar un incremento del 20%, lo que genera dudas sobre su aplicación real.

Desde el consistorio consideran que este acuerdo supondría una renuncia a que la Vega Baja cumpla con la normativa vigente, tanto estatal como autonómica, que obliga a disponer de infraestructuras propias de tratamiento de residuos, como ya ocurre en municipios como Villena, El Campello o Xixona.

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