#Novelda: Informan a Fiscalía sobre presuntas irregularidades en las obras del Conservatorio de Danza

El alcalde de Novelda, Armando Esteve, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial las presuntas irregularidades en torno al pago “erróneo”, realizado en 2008 por el Ayuntamiento, bajo el gobierno tripartido liderado por el socialista Mariano Beltrá, de 347.000€ a la empresa adjudicataria de la construcción del Conservatorio de Danza y que desde 2010 reclama también la entidad financiera a la que la UTE constructora había endosado el pago.

El “grave perjuicio al interés público” que supone el hecho de que el Ayuntamiento tenga que volver a pagar a la entidad financiera los casi 350 mil euros, correspondientes a varias certificaciones de la obra del conservatorio, cuyo cobro tenía debidamente endosado y reconocido y que “erróneamente” el consistorio pagó directamente a la empresa, subyace en la puesta en conocimiento de los hechos por parte del alcalde noveldense ante la fiscalía por si “pudieran constituir presuntas actuaciones delictivas” por parte de la unión temporal de empresas que se creó para la construcción de las instalaciones y de otros posibles delitos de “prevaricación, malversación, fraude o cualquier otro por parte de los responsables que,  teniendo conocimiento de los hechos, no iniciaron las actuaciones necesarias para la recuperación de lo indebidamente pagado” con el objetivo de que sean investigados y se remitan, si procede, al correspondiente Juzgado de Instrucción a fin de “intentar recuperar el dinero y que las responsabilidades, si las hubiera, no queden impunes”.

Las obras del Conservatorio de Danza de Novelda fueron adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas formada por las mercantiles Mantenimiento y Construcciones ALCUBA S.A. y Santa Ana Unión de Construcción y Servicios S.A. que en 2007 endosaron algunas de las cetificaciones de obra al banco. En septiembre de 2008 el consistorio abonó directamente a la mercantil  la cantidad de 347.000 euros cuando realmente debería haberla abonado al banco que recibió el endoso, por lo que en 2010 la entidad financiera requirió el pago al Ayuntamiento y en 2011  presentó una demanda de reclamación de dicho pago.

Armando Esteve ha confirmado que, tras tener conocimiento de este contencioso el pasado mes de septiembre,  solicitó informes tanto a la secretaría municipal como a los departamentos de tesorería e intervención y al letrado que constaba como tramitador de la defensa de los intereses del Ayuntamiento, de los que se desprende que pudo deberse a un “error humano” el hecho de que se “traspapelase” la documentación del endoso, pero califica de “actuaciones irregulares” la apropiación por parte de las empresas que constituían la UTE de la cantidad de dinero abonada, y la “inacción” por parte del gobierno de aquel momento, presidido por el socialista Mariano Beltrá,  cuando  tuvo conocimiento de las reclamaciones por parte de la entidad bancaria al Ayuntamiento, en mayo de 2010 y enero de 2011, y “no impulsó ninguna acción encaminada a reintegrar al patrimonio municipal la cantidad reclamada”.

Asimismo también considera “irregular” la actuación de Milagrosa Martínez, al frente del gobierno municipal del Partido Popular durante el siguiente mandato que, “a pesar de ser informada por el letrado del Ayuntamiento de las probables consecuencias perjudiciales para el interés público y de la posibilidad de intentar acciones contra la UTE, ordenó que se demorase el proceso judicial y se inhibió también de las obligaciones de los responsables municipales en la reclamación del dinero”.

El alcalde de Novelda, que  ha mostrado su extrañeza por la inexistencia de expediente administrativo alguno sobre este asunto y por una forma de proceder que “dificulta mucho la posibilidad de recuperar el importe indebidamente pagado, ya que las dos mercatiles que constituyeron la UTE parece que están  inoperativas y fuera del mercado”, ha subrayado que “estas irregularidades y  la irresponsable gestión sigue condicionando la vida de los noveldenses ya que ahora tendremos que volver a pagar casi 350.000 euros que podrían destinarse a mejorar los servicios ciudadanos”.