Los agentes del SEPRONA están investigando a una asociación animal alicantina, en concreto, al presidente y al coordinador de esta, debido al pésimo estado de salud que presentaban los animales, según pudieron comprobar los propios agentes en las dos inspecciones realizadas en la finca, sede de la asociación. Además, también destaca el tratamiento que le daban a los animales fallecidos y la total ausencia de documentación, de ningún tipo. A finales de noviembre del pasado año 2018, los agentes del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Monóvar fueron informados de la existencia de una posible red de tráfico de animales de compañía (más concretamente perros de la raza Samoyedo), por parte de una asociación de animales de la provincia, la cual podría estar operando a nivel nacional y cuya sede podría estar ubicada en una finca de la localidad murciana de Mazarrón.
Con esta información de partida, los agentes iniciaron una investigación, centrada en dos personas, el presidente de la asociación y el coordinador de la misma. A raíz de las gestiones de averiguación, se tuvo conocimiento de un traslado de unos 40 perros de la raza Samoyedo, de dicha finca de Mazarrón a otra ubicada en Sax. Una vez allí, se pudo comprobar, en una primera inspección, que los investigados carecían del documento de núcleo zoológico (obligatorio para este tipo de actividad de recepción y tenencia de animales), así como también los agentes se percataron de numerosas deficiencias de documentación en cuanto a materias sanitarias, de seguridad, sobre las instalaciones en las que recepcionaban los animales trasladados, entre otras.
En dicha finca de Sax se localizaron un total de 36 perros, de distintas razas y se observó un total de 4 cadáveres de animales adultos y 4 cadáveres de cachorros, recién nacidos, de Samoyedo. Los cadáveres adultos fallecieron, a primera vista, como consecuencia de ataques de otros perros, debido a las heridas que presentaban. En una segunda inspección, se localiza, en el interior de esta misma finca, 3 cadáveres de perros y 1 cadáver de gato, este último semienterrado. El motivo de la muerte de los animales, según manifestó el presidente de la asociación, allí presente en la inspección, es a causa de ataques entre los propios perros.
De entre todos los cadáveres, se localiza uno con microchip, cuyo número de identificación dio lugar a los agentes a localizar a su propietaria, quien creía que su perro se había escapado de las instalaciones, tal y como le dijeron en la asociación. Por otro lado, de entre los animales rescatados vivos, se observa que varios de ellos presentan enfermedades diversas: de los 27 animales reconocidos médicamente, 9 de ellos han resultado con Leishmania, 13 con la enfermedad de Rickettsia y/o Erlichia, 1 con lesiones por mordeduras de otros animales y sólo 4 de ellos no han presentado síntomas de alguna enfermedad o dolencia que tratar.
En lo que respecta a la asociación, esta no pudo presentar a los agentes del SEPRONA documento alguno, debido a la ausencia de libros de control de entrada, de documentos sanitarios sobre las posibles enfermedades que pudieran tener los animales que recepcionan, ni los tratamientos necesarios/obligados para salvaguardar la vida de estos animales (ya que algunas de las enfermedades descritas, como la Leishmania, deben ser tratadas y controladas por un veterinario, para evitar que se produzca la muerte del animal).
Como resultado de todo lo anterior, a finales del mes de mayo de 2019 se le ha imputado, finalmente, tanto al presidente de la asociación como al coordinador de la misma, dos españoles de 64 y 48 años, respectivamente, un delito de maltrato animal y otro de apropiación indebida (por el perro que no le entregaron a su legítima propietaria, diciéndole que se había escapado de la finca). Además, los agentes del SEPRONA han levantado numerosas actas, por infracciones administrativas de diferentes tipos: por ausencia de núcleo zoológico, por una incorrecta gestión de los cadáveres, por ausencia de una correcta identificación de los animales, ausencia de control sanitario y tratamientos veterinarios necesarios en animales enfermos, ausencia de registro en el censo municipal de los animales, ausencia de libro-registro de entrada y salida de animales, por no comunicar al Ayuntamiento correspondiente los episodios de ataques entre los animales, por no poner en cuarentena a los animales que han protagonizado ataques entre sí, ni tampoco darles los tratamientos de sociabilidad pertinentes en estos casos, por realizar traslados de animales sin tener el certificado veterinario preceptivo y por haberlo hecho en vehículos no autorizados para ello, es decir, sin las medidas de seguridad obligatorias, entre otras infracciones.
En lo que respecta a los animales rescatados con vida, estos han sido entregados a otra protectora, de forma temporal, para que se haga cargo de ellos y supervise el correcto seguimiento en la cura de los enfermos, así como para que les proporcionen los tratamientos de sociabilidad adecuados. Cabe destacar que nos encontramos ante un caso de especial gravedad, ya que la función de cualquier asociación animal, es la protección y salvaguarda de la integridad física de los animales, pudiendo comprobar la ausencia de estos principios en este caso que nos ocupa, quedando acreditada la omisión de las medidas mínimas exigibles a cualquier persona o asociación responsable de la tenencia y cuidado de animales.
