#Aspe: La justicia condena al Ayuntamiento a pagar a los trabajadores de Deportes “a los que el alcalde y la concejala han discriminado”

El portavoz del Partido popular de Aspe, Sergio Puerto, ha mostrado esta mañana su “indignación” por la actitud del equipo de gobierno hacia los trabajadores del área de Deportes de la localidad. Acusa al alcalde, Antonio Puerto, y a su concejala, Toñi García, de tratar con despotismo y desprecio a los empleados municipales, que tuvieron que denunciar los abusos de poder de IU ante los juzgados.

Condenados a pagar por la pésima gestión
Sergio Puerto ha lamentado que los juzgados han condenado al Ayuntamiento “por el autoritarismo del alcalde y su concejala, que no han mostrado ni empatía ni interés por las condiciones laborales de los trabajadores de deportes, si no, todo lo contrario, los han discriminado sometiéndolos a unas condiciones laborales irregulares, indignas y precarias”.

El dirigente del PP local ha mostrado su respaldo a los monitores y empleados del área deportiva, a los que ha agradecido su entrega. Sergio Puerto ha destacado que “gracias a su vocación y entrega, el servicio a los vecinos no se ha interrumpido, a pesar del ninguneo al que les ha sometido el gobierno municipal de Izquierda Unida”.

El líder del PP lamenta que “la improvisación y la imposición es la forma de trabajar del alcalde y de sus concejales”, y le ha recordado que “Antonio Puerto debe respetar los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo de los trabajadores municipales, incluso de quienes le critican y le sacan los colores”.

Sergio Puerto ha concluido afirmando que “Servicios Sociales está al borde del colapso, la Policía Local con dificultades para cubrir los servicios esenciales, los Servicios Municipales en precario, Urbanismo bajo mínimos, el personal de administración se va a otros ayuntamientos en cuanto tiene ocasión y el alcalde y sus concejales, en lugar de cuidar el enorme potencial humano que tenemos, se dedican a ponerles dificultades.

Esa es la realidad de la gestión de IU, que dejan un ayuntamiento al borde del colapso en todos los sentidos”.

Los juzgados persiguen la nefasta gestión de IU
El Juzgado de lo Social número 1 de Alicante ha condenado dos veces al Ayuntamiento de Aspe por el trato discriminatorio hacia varios trabajadores del área de Deportes, según se desprende de las sentencias números 47 y 48 dictadas a lo largo de esta última semana por este tribunal provincial de justicia.

Según ambas resoluciones, esta situación de discriminación se viene produciendo desde enero de 2019, cuando el Ayuntamiento de Aspe, de forma unilateral y sin base jurídica alguna, decidió de manera súbita y sin aviso previo, minorar parte del salario de ocho trabajadores de la Concejalía de Deportes, el correspondiente al plus de transporte que venían cobrando desde hace dieciséis años, haciendo caso omiso tanto a las reclamaciones presentadas por los propios empleados municipales como a las reiteradas demandas de sus representantes sindicales.

El Ayuntamiento de Aspe afirmó ante el Juzgado de lo Social que sí estaba pagando este complemento salarial, circunstancia que evidentemente se ha demostrado que no es cierta. Del mismo modo, el Ayuntamiento argumentó que el convenio estatal del sector deportivo no le es de aplicación en estos casos, amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo que ahora nada tiene que ver, un hecho que también ha quedado desmontado en el juzgado, ya que los trabajadores se subrogaron por el ayuntamiento en 2010 justamente en base a este Convenio Colectivo que ahora no se ha respetado negando su aplicación.

Después de estas dos sentencias contrarias al Ayuntamiento de Aspe que le obligan a abonar las cantidades adeudadas más unos intereses del 10%, se ha generado jurisprudencia para el resto de casos de los trabajadores de los servicios deportivos que vienen sufriendo esta misma discriminación, por lo que se espera que no sea necesario que se vean obligados a acudir también a los juzgados y se les indemnice por el consistorio del mismo modo, resarciendo la legalidad en el cobro de los salarios de todos los empleados municipales.