
La Guardia Civil ha detectado la venta de vapeadores y productos con nicotina a menores de edad, además de máquinas expendedoras sin sistemas de control de edad, en nueve municipios de la provincia de Alicante. La operación se ha saldado con 22 inspecciones con resultado de infracción, una de ellas tras localizar una máquina situada a escasos 50 metros de un instituto de educación secundaria.
La investigación fue iniciada en abril de 2025 por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Calpe, dentro de las actuaciones dirigidas a la protección de los menores ante el creciente uso de vapeadores entre los jóvenes y la escasa percepción del riesgo que generan estos productos.
Tras analizar la normativa vigente, los agentes centraron sus inspecciones en máquinas expendedoras que carecían de mecanismos para impedir el acceso a menores y en establecimientos donde existían indicios de que se vendían vapeadores sin comprobar la edad de los compradores.
Las actuaciones permitieron constatar que nueve establecimientos dispensaban vapers y líquidos con nicotina a menores sin exigir la presentación de un documento oficial para verificar su edad. Además, los agentes localizaron una máquina expendedora sin control de acceso instalada a pocos metros de un centro educativo.
Durante una de las inspecciones realizadas en l’Alfàs del Pi, la Guardia Civil detectó también la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.
En total, los agentes levantaron 22 actas por infracción, de las que diez corresponden a establecimientos dedicados a la venta de vapeadores y doce a máquinas expendedoras que incumplían la normativa al no disponer de sistemas de control de edad.
Las inspecciones se desarrollaron en los municipios de Alicante, Altea, Benidorm, Calp, Elda, l’Alfàs del Pi, La Nucía, San Vicente del Raspeig y Villajoyosa.
La normativa vigente prohíbe la venta a menores de 18 años de productos susceptibles de liberar nicotina, así como de aquellos que imiten o fomenten el hábito de fumar. Las infracciones relacionadas con menores pueden ser consideradas graves, con multas de entre 15.000,01 y 60.000 euros, mientras que los casos calificados como muy graves pueden alcanzar sanciones de hasta 600.000 euros.
La Guardia Civil ha recordado a los responsables de estos establecimientos la obligación de comprobar la edad de los compradores cuando existan dudas y de adoptar todas las medidas necesarias para impedir el acceso de los menores a este tipo de productos.

