#Novelda consigue una rebaja de medio millón de euros en la deuda con la entidad que financió a la concesionaria del CSAD

El Ayuntamiento de Novelda consigue una rebaja de 500.000 euros en la deuda pendiente con Abanca, la entidad financiera acreedora de la deuda derivada de la sentencia del Centro Salud Agua Deportivo de Novelda (CSAD), tras el acuerdo extrajudicial alcanzado que supone una quita de medio millón de euros por “pronto pago”, al hacer efectivo el abono de la misma, que pasa de 5.088.600 euros a 4.588.600€, antes del próximo 30 de septiembre.

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad el acuerdo extrajudicial alcanzado con Abanca para el pago de la deuda derivada de la sentencia judicial que, el pasado mes de mayo, condenaba al consistorio noveldense a asumir el pago del préstamo concedido por la entidad crediticia a la concesionaria que en 2005 se adjudicó la construcción y explotación del Centro Salud Agua. En este caso el Ayuntamiento debía hacerse cargo de una deuda de 5.088.600 euros, de los que 4.811.942€ correspondía al principal y 276.657 a los intereses generados.

Tras conocer el fallo del Tribunal Supremo el departamento de Hacienda ha realizado diferentes estudios para obtener el máximo ahorro financiero y, frente a la posibilidad del plan de pagos judicial a trece años, que generaría unos intereses financieros en torno a 424.000 euros, ha optado por  negociar y alcanzar un  acuerdo con  la entidad crediticia con una “quita” de 500.000 euros siempre y cuando el Ayuntamiento abone la deuda antes de finalizar el mes de septiembre. Este acuerdo no solo rebaja en medio millón de euros el importe que el Ayuntamiento debe satisfacer en cumplimiento de la sentencia judicial, sino que también evita que el consistorio tuviera que hacer frente a los 424 mil euros que supondrían los intereses financieros del plan de pagos planteado a 13 años.

Desde el departamento económico su titular, Ana Sabater, ha defendido el acuerdo como la mejor forma para “evitar alargar el Plan de Ajuste al que todavía está sometido el Ayuntamiento de Novelda”.

Para poder hacer frente a esta sentencia judicial el gobierno municipal se vio obligado a cambiar el destino del préstamo de cinco millones de euros que previamente se había concertado para financiar las inversiones previstas hasta 2027, entre las que se encontraba  la adecuación de la Plaça del País Valencià, el nuevo parque de Damasquinos, la mejora de La Glorieta o la intervención en el tramo urbano del río Vinalopó, además de la aportación municipal a la reforma del Mercado de Abastos (1.750.000€) que finalmente se financiará con los ingresos obtenidos tras la renegociación de los acuerdos que el Ayuntamiento mantiene con diferentes empresas, entre ellas la que gestiona el depósito controlado de residuos industriales e inertes.

Devolución de subvención e intereses

Previamente a la aprobación unánime de este acuerdo el pleno también daba el visto bueno, en  este caso con los únicos votos del equipo de gobierno, a una modificación de créditos que, entre otras cosas, contempla el pago de los intereses generados (50.000€) por la devolución de la subvención de casi 1,5 millones de euros de fondos europeos, concedida en abril de 2023.

En este caso el alcalde, Fran Martínez, defendía la devolución de la subvención y los intereses generados ante la imposibilidad de acometer la recuperación del Centro de Salud Agua que el Ayuntamiento se proponía   llevar a cabo antes de conocer la decisión judicial. Para Martínez no es de recibo invertir casi 9 millones de euros (5 millones derivados del pago de la sentencia, más 1,5 millones de la subvención y otro millón y medio que debería aportar el Ayuntamiento, más los gastos de apertura y el mantenimiento) en un “negocio ruinoso que lleva el sello característico de los proyectos megalómanos”.

Final del proceso

El abono a la deuda derivada de la sentencia judicial pone fin a un largo proceso para la resolución de un conflicto que se inició en 2010, cuando el Centro de Salud Agua Deportivo de Novelda (CSAD) cerró sus puertas apenas dos años después de su inauguración debido a su baja rentabilidad.

Cinco años antes, en 2005, la mercantil CSAD se había adjudicado  la construcción de unas instalaciones deportivas, cuyo proyecto incluía piscinas cubiertas y exteriores, así como gimnasio, pistas de pádel, tenis y polideportivas, que se levantaron sobre una parcela de 11.000 metros cuadrados de titularidad municipal, a cambio de la explotación del recinto por un periodo de treinta años y un canon de 900.000 euros que ingresó al Ayuntamiento.

Sería en 2008 cuando la concesionaria abrió las instalaciones interiores del recinto y, apenas dos años después, decide su cierre por falta de rentabilidad, al no alcanzar el mínimo de 1.300 usuarios mensuales que, según se contemplaba en los pliegos, darían viabilidad al proyecto.

Tras el cierre de las instalaciones la mercantil CSAD entró en concurso de acreedores y, tras un largo periodo bajo tutela de un administrador concursal, en 2016 un juzgado de Valencia declara la conclusión del concurso de acreedores, por inexistencia de bienes y, por tanto, la extinción de la mercantil.

Durante los años de cierre las instalaciones fueron saqueadas y vandalizadas y el Ayuntamiento no pudo actuar sobre las mismas hasta  que  en 2018, tras dos años de gestiones, el inmueble del Centro Salud Agua Deportivo pasó a ser propiedad municipal tras la resolución del contrato de concesión, la incautación del aval de 234.342 euros depositado como garantía por la mercantil y la firma del acta de recepción del inmueble.

Es precisamente contra el acuerdo de resolución del contrato adoptado en pleno, amparado por un informe de liquidación encargado por el gobierno municipal del momento a una consultoría externa, contra el que la entidad financiera acreedora Abanca presentó recurso, por entender que era el Ayuntamiento, ahora titular de las instalaciones, el deudor del préstamo que en su día otorgó a la concesionaria de la construcción, gestión y explotación del centro deportivo, una máxima que siempre ha negado la defensa del consistorio al considerar que la mercantil acreedora lo era sobre la concesión, no sobre el inmueble ni las instalaciones y que, además, no formaba parte del contrato de concesión.

Sin embargo no lo consideró así el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que entendió que era el Ayuntamiento el que debía asumir la deuda en una sentencia que daba la razón a ABANCA al estimar que el informe jurídico económico, realizado en 2017 a petición del gobierno de UPyD-PP por una consultora externa y en el que se sustentó todo el procedimiento para la recuperación municipal del inmueble del CSAD, no se ajusta a derecho al basarse en una norma jurídica  que estaba derogada.