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#Aspe aprueba una ordenanza de abolición de la prostitución y la explotación sexual en la localidad

En 2019 ya se adhirió al compromiso de municipio libre de trata y prostitución y ahora da un paso más en este sentido

Todos los grupos municipales dieron su voto a favor en el último Pleno a la ordenanza municipal que detalla el compromiso de Aspe para abolir la prostitución y la explotación sexual en la localidad.

Esto supone un paso más en el compromiso que el municipio asumió en 2019, cuando se declaró libre de trata y prostitución, dos de las violencias de género más representativas que sufre un porcentaje muy alto de mujeres.

El compromiso es tal, que el consistorio aspense se plantea hacer un Plan Integral “para, sobre todo, que estas mujeres que necesitan ayuda, que el Ayuntamiento se posicione en que está aquí para ayudarlas y ver la solución que les podemos dar, tanto de recursos si necesitan económicos, como psicológicos, en resumen, los que el Ayuntamiento tenga a su disposición” ha detallado la concejal de Igualdad, Yolanda Moreno.

Frente a la prostitución hay tres posturas básicas, una es la prohibicionista, que considera tanto a la persona prostituida como a quien consume prostitución delincuentes. Otra sería la regulacionista, que viene a decir que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, y una tercera, que es la que ha adoptado Aspe, que, como ha detallado la técnico de Igualdad Ana Iborra, “es la consideración de que la prostitución no puede considerarse un trabajo porque va en contra de la dignidad de los seres humanos. Se considera la prostitución una violencia de género, una de las más antiguas, crueles y extremas”.

Por lo tanto, una ordenanza abolicionista lo que hace es ayudar a la víctima, mujer, niña o niño y penalizar al prostituidor. En esto consiste la aprobada en Aspe que tiene tres apartados, las disposiciones generales, donde se explica qué tiene que ver con esto, con la igualdad, la no discriminación, y la perspectiva de derechos humanos; el apartado dos, donde se recogen las sanciones y las infracciones por una serie de conductas que tienen que ver con requerir prostitución, con publicitarla, con facilitarla de cualquier forma, y una tercera, que será  la creación del Plan Integral de Acción, antes mencionado, para ayudar a las mujeres en situación de prostitución.

Los objetivos que persigue esta ordenanza son, en resumen, evitar que exista prostitución de calle en el municipio, prevenir, disuadir y sensibilizar a la población contra esta violencia sistemática, y la puesta en marcha del Plan Integral que coloca a Aspe a la vanguardia de la lucha abolicionista en España.

Con la entrada en vigor de esta ordenanza, Aspe sanciona la demanda como causa principal de la existencia de la prostitución con multas entre 500 y 3.000€ y considera a las personas prostituidas como víctimas que merecen ser protegidas y ver restituidos sus derechos. Desde el convencimiento de que la prostitución no es compatible con la dignidad humana y es una forma de esclavitud que se nutre de la precariedad de las mujeres y las niñas y niños, el Ayuntamiento de Aspe articula sanciones, únicamente, para las personas que prostituyen (proxenetas y consumidores) y plantea un plan de trabajo integral que proteja a la mujer o menor prostituido. Las sanciones recaudadas por el Ayuntamiento financiarán de manera directa el Plan Integral para personas en situación de prostitución, contemplando servicios de atención jurídica, psicológica y social para las víctimas. Entre otros aspectos, el plan pondrá en marcha recursos para la atención de las mujeres prostituidas en coordinación con los recursos especializados de la Generalitat y otras Administraciones Públicas que intervienen con mujeres víctimas de prostitución y explotación sexual. En concreto, se proporcionará atención social: acogida, información y derivación a servicios sociales especializados; atención psicológica individual y grupal; atención sanitaria y psiquiátrica: asesoramiento sobre salud, hábitos saludables, tratamientos y/o acompañamiento sanitario; asistencia jurídica: asesoramiento legal, tramitaciones administrativas, acompañamiento y asistencia jurídica gratuita desde el momento previo a interponer denuncia; formación básica y profesional; orientación laboral y apoyo a la búsqueda de empleo y recursos residenciales o soluciones habitacionales, si fuesen necesarios.

El Ayuntamiento de Aspe aprobará un plan municipal de acción integral para mujeres en situación de prostitución. Este plan comprenderá y coordinará todas las medidas y actuaciones destinadas a las mujeres en situación de prostitución y víctimas de explotación sexual que se encuentren en el término municipal, con la finalidad de que puedan integrarse social, económica y laboralmente en la sociedad. Además, el Plan diseñará, promoverá y realizará campañas de sensibilización destinadas, por un lado, a las mujeres en situación de prostitución y víctimas de explotación sexual y, por otro lado, a la ciudadanía en general.

Fundamentación legal de la Ordenanza

La prostitución constituye una de las formas de violencia de género más extremas y es la principal causa de la existencia de la trata de personas con fines de explotación sexual. Constituye también una escuela de desigualdad para la población, ya que es una práctica sexista y gravemente discriminatoria para las mujeres. La postura abolicionista, que es la que se sostiene en esta ordenanza, argumenta que la prostitución no es compatible con la dignidad humana y es una forma de esclavitud que se nutre de la precariedad de las mujeres y las niñas y niños.

A nivel legal, la Ordenanza se fundamenta en disposiciones reguladas en el derecho internacional, estatal y autonómico. En el ámbito internacional, se sustenta en los compromisos asumidos por el Estado español como consecuencia de la ratificación del Convenio para la represión de la trata de personas con fines de explotación sexual de 2 de diciembre de 1949 (Convenio de Lake Success); y la   Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15 de noviembre de 2000, y Protocolos que la desarrollan, especialmente el Protocolo de Palermo, todos ellos de aplicación directa en España.

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