#Aspe en Común respalda a las trabajadoras del Pabellón por la huelga del 8 de Marzo
Consideran que las trabajadoras pueden ejercer acciones legales contra el Ayuntamiento por el decreto de servicios mínimos
Aspe en común ha remitido un comunicado de prensa manifestando el apoyo de esta formación política a las trabajadoras del Pabellón Deportivo Municipal de Aspe, por la huelga del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. En este comunicado indican que ante los hechos ocurridos el pasado 8 de Marzo, con motivo de la huelga internacional de mujeres trabajadoras, Aspe en Común expone:
1. Las trabajadoras no tienen la obligación de informar con antelación si van a secundar la convocatoria de huelga.
2. La previsión de establecer los servicios mínimos con antelación suficiente pertenece a la empresa, la administración local en este caso.
3. Los servicios mínimos no tienen por qué cubrirlos las personas que habitualmente desempeñan esa función.
4. Bajo ningún concepto, el hecho de querer secundar una huelga ha de ser motivo de expediente.
El derecho a huelga es un derecho fundamental. Por ello manifestamos:
1. La falta de previsión, o la suposición de que la huelga no iba a ser secundada mayoritariamente, llevó a decretar unos servicios mínimos en la misma mañana, haciendo que volviesen a sus puestos las trabajadoras que tenían intención de secundar la huelga.
2. Ese decreto bien podía haber especificado que, dada la excepcionalidad, los puestos se podían cubrir con el personal que no secundase la huelga o por los jefes de servicio, como ocurre por ejemplo en los centros docentes.
3. Durante los días previos y en la misma jornada del día 8 de Marzo, tanto PSOE como IU (partidos del supuesto pacto de izquierdas) realizaron diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora: exposiciones, charlas, fletar autobuses a la manifestación de Alicante, etc. Por ello nos resulta tan difícil entender que hayan actuado “defendiendo” de esa manera a sus trabajadoras.
4. Creemos que los hechos son lo suficientemente graves como para que las trabajadoras quieran emprender acciones legales contra la administración. Podrían además pensar en la vía penal, más que la administrativa, ya que las decisiones tomadas ese día fueron de los responsables del Ayuntamiento
