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#Aspe en Común rechaza la instalación de cámaras de vigilancia en Aspe

AeC considera que se trata de una medida pupulista que puede generar alarma social

Aspe en Común ha manifestad su rechazo a la posible instalación de cámaras de vigilancia en Aspe. En declaraciones recientes a Radio Aspe, el alcalde, Antonio Puerto, “afirmaba que el Ayuntamiento está desarrollando un proyecto, con la colaboración de la Policía Local y el Departamento de Informática que podría culminar con la instalación de 56 cámaras de vigilancia próximamente “para que la gente se sienta más segura y para ponérselo más difícil al que quiera hacer una fechoría”, con el objetivo, según afirma, de disminuir el número de hurtos, robos, actos vandálicos y para que no se tire la basura fuera de los contenedores”.


Frente a esta noticia, desde Aspe en Común manifiestan que “los datos publicados en cuanto a las tasas de criminalidad en Aspe, aportados por el propio Consistorio, revelan que la tasa de criminalidad ha caído casi medio punto con respecto a 2018, por lo que podemos observar que no existe un problema de seguridad. No entendemos declaraciones con un cariz tan populista y alarmista, que lo único que pueden conseguir es crear una alarma social y sensación de inseguridad ante hechos que, aunque lamentablemente se producen, no alcanzan para afirmar de la existencia de una problemática de seguridad en el municipio”.

Además, la formación política local indica que “según el documento elaborado para el Plan EDUSI 2020, que se encuentra alojado en la propia web del Ayuntamiento se hace mención a que Aspe es, en términos generales, una ciudad segura, dado que las tasas de delincuencia no son significativas, si se las compara con las de otros municipios cercanos, siendo la principal problemática en el término municipal , los delitos de robos en el interior de viviendas y casas de campo aisladas, así como el robo de uva en las plantaciones”.

En lo que respecta al ámbito provincial, “los robos con violencia han disminuido un 11,9%, los robos con fuerza en domicilios un 9,5% y los hurtos un 5,8%. Y si ya tenemos en cuenta las estadísticas criminales a nivel nacional nos encontramos con que España sigue siendo uno de los países más seguros del mundo. Por lo tanto, no entendemos unas declaraciones que están encaminadas a aplicar políticas forjadas a golpe de titular que podrían chocar con la privacidad, intimidad y protección de datos de los vecinos y vecinas. ¿Hasta qué punto en un municipio con tasas tan poco significativas de delincuencia es aconsejable, justificada y proporcionada la instalación de 56 cámaras de videovigilancia?”

En segundo lugar, “celebramos que se planteen medidas para prevenir la delincuencia y los actos vandálicos, pero entendemos que las cámaras de videovigilancia, por diferentes motivos, no son en absoluto, la medida más acertada para este fin. Dado su elevado coste y la necesidad de monitorizar dichas cámaras haciendo uso de agentes que se especialicen en esas labores, produciría un excesivo incremento en el gasto en seguridad. Además, aunque las cámaras de videovigilancia llevan años proliferando en casi todo el mundo, los estudios existentes no dan motivos que justifiquen esta medida. En general, lo que constatan estas evaluaciones tanto internacionales como nacionales es que los sistema de videovigilancia en el espacio público no reducen la delincuencia, solo la desplazan a otros lugares y que simplemente son un elemento más de disuasión con menor incidencia que, por ejemplo, una mejora en el alumbrado público.

Por tanto,  para Aspe en Común “queda demostrado que la videovigilancia no es la panacea, y que hay otras medidas de prevención situacional más sencillas y menos costosas que funcionan mejor, como un adecuado alumbrado público, tal y como propusimos en nuestro compromiso electoral 2019 con nuestra medida de “prevención del delito mediante el diseño urbano”. Creemos que el alcalde Antonio Puerto, aunque manifiesta voluntad, habla desde el desconocimiento de la  prevención situacional y, por lo tanto, le instamos a él y al concejal de seguridad, a dejarse asesorar y explorar otras medidas menos costosas y más efectivas para el municipio, contando con expertos/as en criminología ambiental y teniendo en cuenta nuestra medida al respecto”.

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