#Aspe: Fiscalía denuncia al alcalde por supuesta anulación arbitraria de multas

Según ha publicado un diario provincial, la Fiscalía de Alicante ha remitido una denuncia al Juzgado de Instrucción número 2 de Novelda contra el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, contra el ex concejal de Seguridad, Chema García, contra el ex jefe de la Policía Local, y contra un ex inspector de la policía, por supuesta anulación arbitraria de multas. Los hechos habrían ocurrido en la primavera de 2018, con la reactivación de la zona azul en el centro de la localidad. La denuncia inicial parte de siete agentes de la Policía Local de Aspe

A partir de esta denuncia el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, ha abierto la causa por un supuesto caso de cohecho por la retirada de 140 multas de tráfico.

En declaraciones a Radio Aspe, el representante del sindicato SITAP, Tomás Fenoll ha explicado que “esta denuncia surge a raíz de que siete agentes de la policía, ejerciendo sus funciones, denunciaron infracciones cometidas en la Zona Azul. La sorpresa es que algunas de estas denuncias han sido anuladas y otras abonadas por parte de los conductores que habían cometido las infracciones. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen la obligación de poner en conocimiento cualquier hecho que pudiera revestir carácter de delito ante las autoridades judiciales y eso fue lo que hicieron”.

Desde el sindicato valoran que anular 140 expedientes sancionadores “son muchos porque Aspe tiene apenas 20.500 habitantes. Esa proporción de supuesta anulación es bastante grave”. Sin embargo, las anulaciones se produjeron en la primavera de 2018, momento en el que Antonio Puerto no era alcalde. “Desconozco por qué han denunciado al actual alcalde. En aquel momento era concejal de muchas áreas, pero desconozco por qué está inmerso en este proceso”.

En cambio, Fenoll ha destacado que actualmente, las denuncias han tenido repercusiones contra el colectivo policial y los agentes denunciantes. “A raíz de la denuncia han pasado varias cosas en el Ayuntamiento. En cuanto al conflicto laboral que venimos arrastrando desde hace años, se iniciaron unas negociaciones con el nuevo equipo de gobierno, pero tras varias reuniones, al tener conocimiento de este proceso judicial, se han parado. Además ha habido presiones desde autoridades y mandos policiales contra los siete agentes, por lo que desde el sindicato estamos valorando acudir a la Agencia valenciana de lucha contra el fraude para pedir amparo y que pueda proteger a estos funcionarios policiales que se han limitado a hacer su trabajo”.